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Una reforma ilegal de la arquitectura, sr. Ministro de Economía y Competitividad

Desde septiembre de 1990, siendo Ministro de Economía y Hacienda, el Sr. Solchaga, impulsor del “Programa de Estabilidad”, a escasos años del ingreso de España en la CE (1986), han ocurrido muchos acontecimientos en el ámbito de las profesiones tituladas y sus organizaciones profesionales –articuladas en Colegios Profesionales- , regulados en la Ley de 1974, reformada en 1978, y reconocidos en el art. 36 de nuestra Constitución.

Siendo innecesario exponer aquí, por ser sobradamente conocido por el Ministerio de Economía y Competitividad- MEC-, el largo proceso –ya 24 años- desde aquél 1990, con los hitos legislativos: Real Decreto-Ley 5/1996; Ley 7/1997; Ley 17/2009 (“Ley Paraguas”; y Ley 25/2009 (“Ley Omnibus”), además de otros propiamente del sector económico, por los que se ha vaciado parcialmente de contenido y funciones a los Colegios Profesionales, aunque se les ha potenciado para la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y siempre bajo el prisma de la defensa de la libre competencia de la mano de la entonces CE y hoy UE, sin embargo hasta ahora no se había abordado la cuestión de las atribuciones profesionales en el sector de la Arquitectura bajo dicho prisma, como ocurre en las versiones conocidas del Anteproyecto Ley de Servicios y Colegios Profesionales –ALSCP- del MEC.

Ahora se pretende un fraude normativo y conceptual, sin demanda social ni justificación alguna, que pivota sobre la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior –Directiva de Servicios-, pero que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, por la citada Ley 17/2009 (“Ley Paraguas”) y desarrollada un mes después por la Ley 25/2009 (“Ley Omnibus”), que, entre otros extremos, y por lo que aquí interesa, modificaron en materias de gran calado la Ley de 1974 de Colegios Profesionales (Art.5).

Hasta aquí la incorporación y desarrollo de la Directiva de Servicios en nuestro ordenamiento jurídico interno, puede decirse que se había completado, pero es a raíz de la incidencia del posible “rescate” de España por la UE en 2012, cuando el Gobierno aprueba la “Estrategia Española de Política Económica” que fue “lanzada en septiembre abril de 2012 y actualizada en abril de 2013”, según la Exposición de Motivos del ALSCP. En el resumen publicado por el MEC de 20/12/2012 se llega a decir respecto de los Arquitectos que “Con la reforma: Se suprime reserva exclusiva de actividad. Podrán proyectar y dirigir edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación”. Es decir se suprimía la reserva de actividad propia de la profesión de Arquitecto. En versión posterior del ALSCP se mantuvo dicha supresión al referirla en su totalidad al “ingeniero que ostente conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones”.

Esta supresión y extensión de la reserva de actividad de los Arquitectos a los Ingenieros, incumple groseramente otro bloque de normas de derecho europeo, como son las Directivas 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 2006/100/CE, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de Abogado que, además, han sido totalmente transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico interno, por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

Pues bien, como ha señalado el Consejo de Estado, en el Dictamen de su Comisión Permanente, de 27 de febrero de 2014, recientemente conocido, sobre el ALSCP, y elaborado a petición del MEC, el propio art. 17.6 de la Directiva de Servicios excluye la aplicación de su art. 16 (libre prestación de servicios) “a las materias a las que se refiere el título II de la Directiva 2005/36/CE, incluido los requisitos de los Estados miembros en que se presta el servicio por los que se reserva una actividad a una determinada profesión”; y , como se dice en dicho Dictamen del Alto Cuerpo Consultivo, “excluyendo así, en definitiva, a las reservas de actividad basadas en cualificaciones profesionales de la obligación de aplicar un test de necesidad y proporcionalidad”.

¿Qué quiere decir todo esto? Pues que, hoy día, con las citadas normas de derecho europeo en la mano no es posible legalmente suprimir de plano y de manera indiferenciada la “reserva de actividad de una determinada profesión”, aunque sea por extensión, como aquí se pretende con la de Arquitectos hacia los Ingenieros, vaciando su contenido propio para hacerlo compartido

La profesión de Arquitecto sí tiene una reserva de actividad específica, propia y excluyente para ser recognoscible –contenido esencial-, y así lo establece la Directiva de cualificaciones profesionales por la ontología de la materia que regula, cuando en su Sección 8 “Arquitectos” identifica la titulación con un “elemento principal” –la Arquitectura (art. 46.1)-, constituyendo la actividad regulada -reserva de actividad (Art. 48)- y con la garantía de su formación y el “nomen” de su titulación que debe ser de nivel universitario –Arquitecto (Arts. 46 y 48)-, dotándole sus enseñanzas de la adquisición de los conocimientos y competencias que enumera (Art. 46.1). El mencionado Real Decreto 1837/2008, en su art. 62.4, reproduce íntegramente el citado contenido esencial de la profesión de Arquitecto establecido en la Directiva de cualificaciones profesionales.

En suma, hoy día en España no es posible legalmente, so pena de grave incumplimiento o inaplicación de la Directiva de Servicios y de la Directiva de cualificaciones profesionales, el desnaturalizar por vaciamiento o extensión total hacia otras profesiones el haz de atribuciones profesionales que hace recognoscible social y culturalmente en el acervo occidental a una determinada profesión, como aquí es el caso de los Arquitectos –titulación universitaria cuyo “elemento principal” es la Arquitectura-.

Resulta aquí especialmente significativo que las Ingenierías no estén incluidas en la citada Directiva de cualificaciones profesionales, por lo que adolecen, en este sentido, de la protección que dota la reserva de actividad de una determinada profesión, no participando sus actividades en el concepto de “seguridad pública” de dicha Directiva ( Considerando 6) – que caracteriza a la actividad regulada- , haciendo, por todo ello, aún más ininteligible e irreflexiva la pretendida extensión hacia ellas de la reserva de actividad propia de los Arquitectos.

La previsión contenida en el ALSCP de la creación de un “grupo de trabajo específico” para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y edificación, que “elaborará una propuesta para informe preceptivo de la Comisión de Reforma de las Profesiones”, manteniéndose al respecto, mientras tanto, en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 –LOE 1999-, es un “desideratum” voluntarista que siempre estará limitado por las normas de derecho europeo, como, hoy día, la citada Directiva de cualificaciones profesionales, ya que deben identificarse las competencias propias y excluyentes reconocidas en dicha LOE 1999 a los Arquitectos, como parte inescindible de su contenido esencial, pues trae causa de la anterior Directiva 85/384/CEE, de 10 de junio de 1985, del sector de la Arquitectura, asumida por la actual Directiva de cualificaciones profesionales de 2005.

Si este camino está vedado –como debiera saberse por el MEC-, entonces para qué insistir en la creación de un “grupo de trabajo” con tal limitación legal, que se superpone al ordenamiento jurídico interno español, lo que traerá consigo una conflictividad jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –como ocurrió en su día, en el ámbito interno, con la Ley 12/1986, de atribuciones profesionales-, en relación, además, con el principio jurisprudencial “libertad con idoneidad”, con la consiguiente inseguridad jurídica para la inversión económica y financiera intraeuropea y del resto del mundo en el sector inmobiliario español, con grave afectación a la imagen y percepción de España (“Marca España”) y al reconocido prestigio internacional de la Arquitectura española.

 

Madrid, 14 de abril de 2014.

 

Fdo.
D. Rafael Ignacio Luqué Álvarez.
Arquitecto Superior.
Abogado.
Ex-Jefe de la Asesoría Técnico Jurídica del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID (COAM).

Fdo.
D. Álvaro García Luján.
Arquitecto Superior.
Ex-Secretario y Ex-Tesorero del COAM